Economía

ANC aprobó decreto que deroga la Ley de Ilícitos Cambiarios

02 de agosto 2018.

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, la medida permitirá a las personas jurídicas y naturales las operaciones de compra y venta de divisas en el país.

Diosdado Cabello, presidente de la ANC aseguró que todos los dólares que reciba el Estado, serán para la inversión social y que espera que las empresas o particulares que traigan divisas al país, “sea para trabajar, dinero limpio, porque no estamos interesados en dinero que no tenga procedencia legítima”.

Diosdado Cabello enfatizó enérgicamente que la derogatoria elimina los delitos pero no las penas. “Es un nuevo comienzo en el campo económico que acompaña la construcción de un programa de crecimiento y prosperidad económica que ya viene en fase gradual. Entra de manera formal a partir del 20 de agosto con la reconversión monetaria ya ampliamente debatida e informada”.

El vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, encargado de presentar dos decretos referidos a la derogatoria del Régimen de Ilícitos Cambiarios y el respaldo al Programa de Recuperación y Crecimiento Económico, destacó desde la tribuna de oradores, “Esta propuesta responde a una realidad completa que busca respaldar los mecanismos cambiarios actuales. También nos permite ratificar nuestra política soberana, y enfatizar que los recursos que genere el Estado sean para la inversión social”, “A partir del 20 de agosto el país queda facultado para dirigirse a la casas de cambio y hacer cualquier operación de forma transparente, legal y segura”. “Las divisas que genere la República estarán destinadas para seguir consolidando el modelo social de inclusión y justicia”. “El decreto facilita que cualquier persona haga operaciones legalmente, bajo el amparo de nuestra Constitución y las leyes, sin que incurra en ningún tipo de ilícitos o sea víctima de cambistas que colocan marcadores criminales, sin que el pueblo sea víctima de las mafias que roban las divisas convertibles y colocan desde Cúcuta, desde Miami, los marcadores llamados paralelos para desestabilizar nuestro sistema financiero y económico”.

El Aissami, destacó la importancia de la reconversión monetaria que se prevé entre en vigencia el próximo 20 de agosto. “Con esto vamos a devolverle el poder adquisitivo a la clase productiva venezolana”.

La Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios derogada este jueves fue aprobada el 17 de mayo de 2010 y contenía 33 artículos que regulaban y sancionaban las actividades en cualquier moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios y cualquier modalidad distinta al bolívar.

La ley resaltaba en su primera disposición transitoria que mantendría su vigencia “mientras exista el Control Cambiario”.

Entre las disposiciones más relevantes que contenía y que ahora quedaron sin efecto, evidenciando un intento de apertura cambiaria, se encuentran:

Artículo 5: Las personas naturales o jurídicas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas hacia o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa en materia cambiaria (Cadivi) el monto y la naturaleza de la respectiva operación o actividad.

En este sentido, el instrumento legal, en su artículo 9, especificaba que el único ente autorizado para operaciones en divisas era el Banco Central de Venezuela. “Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin interverción del BCV, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente”.

La ley en su artículo 17 establecía que “las personas naturales o jurídicas que ofrezcan, anuncien, divulguen de forma escrita, audiovisual, radioeléctrica, informática o por cualquier otro medio, información financiera o bursátil sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor oficial; serán sancionadas con una multa de un mil unidades tributarias (1.000 UT). En caso de reincidencia la sanción será el doble de lo establecido”.

Artículo 19. Las personas naturales y jurídicas, quienes pública o privadamente, ofrecieren en el país la compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios en divisas, serán sancionados con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la oferta.

Presidente Maduro: Ley de Ilícitos Cambiarios propicia nuevas oportunidades de inversión en el país

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó la trascendental importancia del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que deroga la Ley de Ilícitos Cambiarios.

“Hoy se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente la Ley de Ilícitos Cambiarios, que nos va a permitir ir desplegando un nuevo sistema cambiario del país, donde los dólares que ingresen están garantizados para la vivienda, la educación, la salud, la producción, donde se flexibilice y se abren nuevas posibilidades”,

Maduro pidió a los venezolanos “Toda la compresión para toda las decisiones y acciones que están en pleno desarrollo, acciones de diversos signos monetarios, fiscal, cambiario, productivo”.

El próximo 20 de agosto inicia la reconversión monetaria que restará cinco ceros al bolívar; y se esperan otros anuncios económicos. Maduro ha pedido a los transportistas participar en un censo para garantizarles el suministro de gasolina y apoyos con repuestos. El Jefe de Estado se comprometió; “Estoy seguro de que con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica nosotros en este segundo semestre que está en pleno desarrollo vamos a tener victorias tempranas en la recuperación económica que Venezuela necesita”.

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEROGATORIO DEL RÉGIMEN DE ILÍCITOS CAMBIARIOS

Objeto

Artículo 1°. El presente Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente tiene por objeto establecer la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de este Decreto, con el proposito de otorgar a los particulares, tanto personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, las más amplías garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socio-económico productivo del país.

Derogatoria

Artículo 2°. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3° del mismo, se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos; el artículo 138 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país; y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este Decreto.

No Favorabilidad

Artículo 3°. En virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos económicos previstos en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y en aras de evitar su impunidad, no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves ocurridos hasta la fecha de la publicación de este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Menor dañosidad del hecho

Artículo 4°. Las sanciones previstas en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, se rebajarán a sus dos terceras partes, cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el sujeto sancionado no excedan en conjunto de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000) o su equivalente en otra divisa.

Responsabilidad civil

Artículo 5°. La responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de este Decreto, subsiste y será reclamada por la República a los responsables conforme a las reglas del Código Penal y del Código Civil. A tal efecto, la Procuraduría General de la República procederá judicialmente para garantizar la restitución, la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra el patrimonio público

La Procuraduría General de la República procederá a gestionar ante la autoridad judicial, administrativa, fiscal e incluso ante personas jurídicas de Derecho privado, tanto en el ámbito nacional como internacional, todo lo referente a la restitución, reparación e indemnización por los daños y perjuicios contra el patrimonio público ocasionados.

Disposición Final

Única. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado y firmado en el Hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los ____ días del mes de ____ de 2018. Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.

Finalente, se recomienda la presentación de un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional acerca del dispositivo 24 de la CRBV en el cual se esgrima básicamente lo siguiente:

Argumentario para recurso de interpretación

Una característica de la sociedad capitalista postindustrial, ha sido lo proclive que es a la proliferación de expresiones criminales recreadas por sus antivalores. Siendo los delitos económicos y los que popularizó el célebre Sutherland con la denominación de delitos de cuello blando, figuras conocidas como los delitos de los poderosos, del poder económico y financiero.

Dentro de ese contexto se inscriben los delitos cambiarios, como un tipo de delito económico que cuando versa sobre las divisas que forman parte del patrimonio público defrauda a la Administración Pública afectando significativamente a la sociedad.

Por otro lado, la regla general es que la ley aplicable a los delitos es la ley vigente al momento de su comisión, no obstante el Derecho Penal tradicionalmente prevé la excepción de aplicación retroactiva de la ley más favorable o benigna. La razón básica es que si el Estado desiste de alguna incriminación o le concede menor reprochabilidad, no tiene sentido que perduren las consecuencias de la ley derogada.

De modo que en materia de la teoría de la sucesión de leyes, si bien rige la ley del momento de la comisión, puede ocurrir la excepción de la aplicación retroactiva de la ley más favorable.

Sin embargo, en algunas esferas de tutela penal específicas, como sucede con el sistema cambiario, donde los delitos cambiarios sólo se tipifican cuando no hay otras medidas menos graves que alivien la afección de la economía y luego puede quizás ya prescindirse de su penalización, la teoría de la sucesion de leyes aplica al Derecho penal las llamadas leyes temporales. Éstas se aplicarán sólo en momentos de coyuntura. Pudiendo incluso dictarse y tener vigencia, derogarse y luego volver a dictarse.

En el caso en análisis, ya no están dados los supuestos que encuadran en los tipos penales vigentes, y por tal deben ser derogados, pero sin embargo, los hechos ocurridos con anterioridad pudieron causar grave afección del patrimonio público. Dejarlos impunes serían contrario a los propósitos garantistas del Estado, a la Constitución, a la justicia y al Derecho.

Por esa razón, en esos casos, se suspende la aplicación de la excepción de la favorabilidad que opera contra el principio de tempus regit actum.

El hecho de que la favorablidad haya sido recogida en un dispositivo constitucional, así como tradicionalmente está en el Código Penal, lo que hace es aportar una norma de certeza jurídica y de congruencia con la validez material de las normas. Pero en lo absoluto, impide que las mismas razones que la animan en estos supuestos, vayan en contra, dada la trascendencia de la afección del patrimonio público.

Además de las razones jurídico-constitucionales y penales esgrimidas, y del valor simbólico, y de pedagogía social, es importante preservar la congruencia con la acción de la justicia ante delitos, máxime de algunos que son provenientes de la delincuencia económica y de cuello blanco que se hacen prevalecer en los delitos de los poderosos económicos, con múltiples formas de procurarse la impunidad, precisamente cuando es parte del compromiso político y constitucional dar una respueta conforme al Estado de derecho frente a ellos.

Andrés Pérez.

 

 

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