Política

Alto comisionado de la ONU para los DDHH, Zeid Ra’ad al Hussein, insta a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar casos de violación de DDHH en Venezuela

24 de junio 2018.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó  que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue el caso de los “graves abusos cometidos en Venezuela”.

La Oficina de Alto Comisionado publicó hoy su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, afirmó Zeid en un comunicado.

Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

Zeid Ra’ad al Hussein señala que la Fiscalía General venezolana registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP que según las fuentes de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, seguían el mismo patrón: “incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos”. El informe de Zeid Ra’ad al Hussein señala que la Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero a día de hoy no hay información sobre el estado de esas investigaciones. Adicionalmente el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas.

El informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia también la aparente “impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017”. “De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal”. Zeid Ra’ad al Hussein afirma que al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”.

Además, el informe documenta unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura”. “El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, aseguró Zeid Ra’ad al Hussein. “Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”.

El texto del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerta sobre la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el Venezuela y acusa al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro de “ignorar” su dimensión. Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que el funcionario considera “verdaderamente impactante” el número de abusos documentados en Venezuela por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.

“El secretario general cree que las cifras son verdaderamente impactantes“, dijo el portavoz Farhan Haq quien afirmó que Guterres considera que este informe demuestra la necesidad de “un diálogo político y una solución política totalmente incluyente”, tal y como viene reclamando desde el inicio de la crisis venezolana.

Venezuela rechaza informe: Zeid Ra’ad Al Hussein confirma su complicidad con la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves y sistemáticos abusos cometidos y la impunidad generalizada de la que responsabiliza al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe asegurando que es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad“.

“El referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU”, señala el escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

A continuación el texto de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela:

Venezuela rechaza politizado informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el Informe sobre la supuesta situación de derechos humanos en el país, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad.

El pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Ra’ad Al Hussein, durante el sombrío ejercicio de su mandato como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se trata de un informe sobre un Estado miembro de la ONU, sin contar con mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General. Por tanto, el referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU.

En su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe. Entre los procedimientos que ignora, se incluyen las conclusiones del Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos, Alfred De Zayas y el Relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos.

El señor Zeid Ra’ad Al Hussein confirma su complicidad con la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela, guardando silencio frente al negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales generado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América y sus serviles aliados en la región y en el mundo, ignorando la amplia doctrina de la ONU sobre este tema.

Cabe destacar que toda la información oficial que el Gobierno Bolivariano ha suministrado, ha sido intencionalmente descartada en el informe de la Oficina del Alto Comisionado con el objeto de construir una grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington.

La República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso ineludible con los derechos humanos en los términos establecidos en la Constitución venezolana y los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, así como su disposición de seguir cooperando con los órganos del sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, siempre que se respete la soberanía del país y que se actúe en apego al rigor y la verdad.

Andrés Pérez.

 

 

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