Política

AN aprobó continuar el proceso judicial solicitado por el TSJ paralelo contra Nicolás Maduro

17 de abril 2018.

La Asamblea Nacional (AN) declaró que existen méritos para continuar con el proceso judicial por corrupción contra el presidente de la República Nicolás Maduro por lo cual aprobó este martes dar continuidad al proceso de antejuicio de mérito contra el Jefe de Estado aprobado por el TSJ paralelo desde Bogotá, también denominado TSJ “en el exilio”.

La votación en la sesión en la AN contó con los votos de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática y de las bancadas 16 de julio y Prociudadanos, los dos únicos votos contra la decisión fueron de los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico: Juan Marín e Ilenia Medina.

En la jornada parlamentaria estuvieron presentes 105 diputados. La decisión que contempla el arresto del Presidente Maduro y le da el visto bueno al Tribunal Supremo de Justicia Parlelo para que prosiga con el caso, no pareciera tener mayor vinculación jurídica valida ya que este TSJ paralelo, también denominado TSJ ‘en el exilio’  no cuenta con el reconocimiento jurídico para sesionar y aun menos para sesionar desde el extranjero, la misma situación abarca al actual parlamento el cual desde el 2016 ha sido declarado bajo la figura de ‘desacato’ por parte único TSJ legítimo.

De esta situación jurídica estuvo consciente el expresidente del parlamento y diputado por AD, Henry Ramos Allup, quien durante su intervención de este martes señaló; “Debemos estar claros que esta decisión se va a estrellar con la realidad y no será acatada por el gobierno. Pero debemos cumplir con nuestro deber”… “la responsabilidad política de Maduro en la crisis, declarada en diciembre de 2016, como el abandono de cargo a comienzos de 2017, soportan el respaldo de la cámara a esta solicitud de pase a juicio enviada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”. “Lo que nos corresponde es declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro así que compañeros, vamos a votar todos para aprobar este acto de patriotismo”.

El Diputado José Luis Pirela destacó; “No pretendemos levantar faltas esperanzas; votar hoy no significa que Maduro se irá mañana, pero este es un paso de lucha para consolidar el destino del país”. “Hoy, juzgamos a los que acabaron con la industria petrolera, los más de 50 individuos involucrados en corrupción en todo el mundo, que no se atreven a darle la cara ni al pueblo que los eligió, que permiten que el G2 cubano le de órdenes a la FAN”. “Maduro está acusado de recibir 12 millones de dólares y eso no puede quedar impune.”

El presidente de la AN, Omar Barboza señaló; “De acuerdo con el Art.81 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, tan sólo se necesita una mayoría simple para iniciar el proceso que hoy nos ocupa, y con 105 diputados presentes, así lo haremos”. “La corrupción del régimen es la razón de ser de las muertes por desnutrición y enfermedades, por la huida de nuestros hijos por la frontera, de las violaciones a la Constitución”. “Si en este país existiera verdadera justicia, no hubiese ni un sólo funcionario gubernamental sin pagar por sus crímenes. Hoy tomamos esta decisión por el clamor del pueblo”.

El diputado por Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa afirmó “Hoy decimos presente para restablecer la justicia y el Estado de Derecho. Para devolverle la vida a la Constitución. Hoy en Venezuela no hay ley, todo es proscrito por una dictadura que pretende mantenerse sin el apoyo del pueblo”. “Maduro debe ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por traición a la patria, por delitos ambientales, por la emergencia humanitaria, por destruir la economía”.

El pasado 10 de abril en una rocambolesca acción carente de legitimidad y consecuencias jurídicas validas, el denominado ‘Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio’ sesionó en Bogotá, Colombia, y a solicitud de la exfiscal general de la República, Dra, Luisa Ortega Díaz, se declaró procedente la solicitud de medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros.

El denominado ‘TSJ en el exilio’ emitió una orden de arresto contra el Presidente venezolano Nicolás Maduro, estableciendo que existen suficientes pruebas sobre su participación directa en un gigantesco esquema de corrupción que le costo a la nación más de $1,700 millones.

El magistrado integrante de este pintoresco TSJ paralelo, Dr. Romel Gil enunció en la decisión; “Ciertamente nos encontramos ante la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, por todo lo anterior expuesto, esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara procedente la solicitud consistente a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros”,

El pronunciamiento, que también solicita a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición— que someta a juicio político a Maduro para separarlo del cargo, contempla la notificación a las autoridades policiales venezolanas y a la INTERPOL para que le arresten.

A continuación el texto completo aprobado por la Asamblea Nacional:

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,

ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR EL PROCESO JUDICIAL AL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS

 

Vista la comunicación de fecha 11 de abril de 2018, suscrita por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentados por esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la que le notifican a este Parlamento sobre la decisión por ellos tomada en fecha 09 de abril de 2018.

 

CONSIDERANDO

Que la corrupción es una de las principales causas por las cuales hoy el hambre, la pobreza, la falta de medicinas, la inflación, la escasez de alimentos, la falla de los servicios públicos y otros graves problemas golpean a la gran mayoría del pueblo venezolano.

CONSIDERANDO

Que el artículo 187, numeral tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que a la Asamblea Nacional le corresponde ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y los elementos de prueba obtenidos en el ejercicio de ésta función tendrán valor probatorio.

CONSIDERANDO

Que el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el ejercicio del Poder Público “acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.

CONSIDERANDO

Que constituye un hecho público notorio comunicacional que sobre el ciudadano Nicolás Maduro Moros recaen serios señalamientos que le atribuyen graves actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.

CONSIDERANDO

Que nuestra legislación contempla varios delitos relacionados con la lesión al patrimonio público, entre los cuales se encuentran el denominado delito de Corrupción Propia, previsto en el artículo 64 de la vigente Ley Contra la Corrupción (G.O 6.155 extraordinaria del 19/11/2014) y el artículo 35 de la vigente Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo prevé el denominado delito de legitimación de capitales.

CONSIDERANDO

Que en varios países de América Latina, se vienen adelantando profundas investigaciones relacionadas con hechos de corrupción ligados a las actividades de la empresa brasileña Odebrecht, las cuales han producido significativos cambios en la región. Venezuela, excepcionalmente, producto del secuestro de las instituciones del sistema de administración de justicia por parte del partido político gobernante, representa el único país en el que los graves señalamientos contra altos personeros del Estado no han sido investigados. 3

 

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional ha asumido posiciones firmes frente a las desviaciones de Poder del Ejecutivo Nacional, motivadas, entre otros aspectos, a la corrupción generalizada en el accionar del actual régimen. En tal sentido, en fecha 25 de octubre de 2016, este Parlamento, decidió, entre otros aspectos, “Iniciar el procedimiento de declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República”. Como consecuencia de ello, en sesión del 13 de diciembre de 2016, se declaró́ la responsabilidad política del Presidente de la República. Finalmente, en fecha 9 de enero de 2017, se acordó el Abandono de Cargo por parte de Nicolás Maduro Moros.

ACUERDA

PRIMERO: Declarar que existen Méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro Moros, por parte de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentados por esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO: Continuar con las investigaciones que se adelantan en la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de las vinculaciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros y otros funcionarios con la empresa Odebretch.

TERCERO: Dar publicidad al presente acuerdo

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los diecisiete días del mes de abril de dos mil dieciocho. Años 207° de la Independencia y 159° de la Federación.

OMAR ENRIQUE BARBOZA GUTIÉRREZ

Presidente de la Asamblea Nacional

JULIO CÉSAR REYES ALFONSO JOSÉ MARQUINA

Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente

NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA JOSÉ LUIS CARTAYA

Secretario Subsecretario

Sesiones anteriores contra Maduro son un mal precedentes en contra de la AN

Esta es la segunda ocasión en la cual la Asamblea Nacional actúa contra el Presidente Maduro, el pasado 13 de diciembre de 2016, la AN declaró la responsabilidad política del Presidente de la república Nicolás Maduro, por la “grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo.”

En esa sesión la AN acordó:Declarar la responsabilidad política del Presidente de la República por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo.Acudir al Poder Ciudadano con el objeto de que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva dicha responsabilidad por parte del Presidente de la República.Acudir al Ministerio Público, para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar antejuicio de mérito contra el Presidente de la República por sus acciones encaminadas a destrucción la forma política republicana que se ha dado la nación y otros hechos punibles que presuntamente ha perpetrado. Continuar desarrollando y concluir con la mayor celeridad, con el apoyo de la Comisión parlamentaria designada el 23 de octubre de 2016, las consultas sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo. Ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución.Ratificar su decisión (AN) de acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia.

Nada de lo anteriormente expuesto por la AN se cumplió y el Presidente de la República continua siendo Nicolás Maduro Moros.

Fiscal paralela y presidente del TSJ paralelo celebran desde Bogotá la desición de la Asamblea Nacional

Desde Bogotá, Colombia, el presidente del TSJ paralelo, Miguel Ángel Martín, aseguró que con la decisión de la AN el Presidente Maduro queda separado de su cargo.

“De acuerdo con la Constitución, el señor queda separado inmediatamente del cargo y judicialmente, una vez que seamos notificados por la Asamblea, comienza la etapa de juicio, de revisar las pruebas, del debate probatorio y decidir si hay condena o no”, dijo Martín desde Bogotá en una entrevista con el Nuevo Herald.

 

El caso de juicio responde a una denuncia hecha por la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega que presentó supuestas pruebas de la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht ante los magistrados paralelos o denominados ‘magistrados en el exilio’.

La exfiscal Luisa Ortega Díaz afirmó “Los poderes políticos nos hemos articulado, apegados a la Constitución, para proceder a la captura y enjuiciamiento del principal responsable de la tragedia que hoy viven los venezolanos”.

Andrés Perez.

 

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