Política

La ONU encarga a la Corte Internacional de Justicia resolver la controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo

31 de enero 2018.

La ONU dio por agotada su gestión de buenos oficios entre Venezuela y Guyana para resolver la controversia limítrofe por la región del Esequibo y encomendó el asunto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.

Después de una mediación que comenzó hace 28 años, el secretario general de la ONU, António Guterres, dejó la solución de la disputa entre ambos países en manos de la CIJ, instancia que ha sido rechazada por Caracas mientras Georgetown la respalda.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya juzgará la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana ante la imposibilidad en alcanzar un acuerdo, informó el martes el jefe de la ONU, Antonio Guterres.

Guterres “ha llegado a la conclusión de que no se ha alcanzado progreso significativo” para saldar la controversia” y “ha escogido a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución”, anunció en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

No obstante, Guterres quiere que la ONU siga desempeñando un papel en las negociaciones. “Guyana y Venezuela podrían beneficiarse de una continuidad en los buenos oficios de la ONU mediante un proceso complementario establecido sobre la base de las facultades del secretario general”, aseguró Dujarric. Guterres dijo que sigue comprometido a acompañar a ambos Estados mientras buscan superar sus diferencias.

Guterres siguió así la ruta planteada por su antecesor, Ban Ki-moon, quien anunció en diciembre de 2016 que si a finales del año siguiente no se lograba un “avance significativo” para resolver la disputa, se llevaría el caso ante la CIJ. “El secretario general ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, por medio del cual Venezuela y Guyana buscan solucionar el contencioso que mantienen después de que Caracas denunció en 1962 ante la ONU el Laudo Arbitral emitido en 1899 por un tribunal en París que fijaba los límites comunes.

Venezuela reclama como frontera el río Esequibo, mientras Guyana señala que la línea limítrofe se define a partir del hito conocido como Monte Roraima.

La región del Esequibo abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone tres cuartas partes del territorio que tiene actualmente Guyana.

Durante los últimos meses Venezuela y Guyana han mantenido varias rondas de conversaciones bajo mediación de la ONU, pero no han logrado un acuerdo.

Desde comienzos de 2017, el secretario general designó como su representante personal en este asunto a Dag Halvor Nylander, quien, según el comunicado, “se dedicó a una serie de esfuerzos intensivos de alto nivel para intentar llegar a un arreglo negociado a la controversia”.

Nylander fungió entre 2012 y 2016 como enviado especial de Noruega en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC y previamente había representado a su país ante la ONU.

Las diferencias entre los dos países se acrecentaron en los últimos años luego de que la estadounidense ExxonMobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas en la zona del litigio.

El Gobierno de Venezuela aprobó por decreto en 2015 la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain) que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.

Guayana rechazó la decisión, lo que acrecentó el malestar entre las partes.

Aunque en el Acuerdo de Ginebra los dos países dieron al secretario general de la ONU la responsabilidad de elegir un medio para la resolución pacífica de la cuestión y la posibilidad de, si este no tenía éxito, buscar otra vía, la Cancillería venezolana reiteró en diciembre de 2016 que rechaza la CIJ como instancia para dirimir la controversia.

En cambio, Georgetown ve con buenos ojos ese organismo. La ONU ha dejado claro que la intervención de la CIJ se llevará a cabo a no ser que Venezuela y Guayana decidan conjuntamente lo contrario.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana dijo que daba la bienvenida a la decisión. La CIJ “es el foro apropiado para la resolución pacífica y definitiva de la controversia”, aseveró en un comunicado.

Venezuela reclama soberanía sobre las aguas frente a la región del Esequibo, rica en minerales y en bosques, y una zona marítima del Atlántico con importantes recursos petroleros. Guyana, una excolonia británica, sostiene en tanto que el límite del territorio fue establecido en 1899 por un tribunal de arbitraje.

El gobierno venezolano nunca reconoció ese límite y el conflicto comenzó a caldearse en 2015, cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo en una concesión a 190 km de las costas de Guyana que Venezuela asegura está en aguas en disputa.

Más tarde ese año, Guyana anunció que contactaría a Google para eliminar ciertos nombres de calles de la región en disputa que estaban en español y no en inglés, lo cual para Georgetown puede dar a entender que el área pertenece a Venezuela.

Guyana avanza en sus planes para extraer petróleo en las aguas en disputa. Se espera que la producción comience a mediados de 2020.

¿Cómo Reino Unido despojó injustamente a Venezuela de 160.000 kilometros de territorio?

En 1899 ocurrió uno de los episodios más lamentables de la historia venezolana: el despojo de casi 160.000 kilómetros de territorio producto de un laudo arbitral amañado entre Inglaterra y Estados Unidos. El entuerto aún no ha sido resuelto y las tensiones siguen vigentes.

En 1899, dos norteamericanos, dos ingleses y un ruso decidieron por despojar a Venezuela de 160.000 kilómetros que le correspondían históricamente desde 1777.

Han pasado 117 años de esa decisión, denominada Laudo arbitral de París, pero el problema sigue vigente: Venezuela reclama el territorio ilegítimamente arrebatado mientras la nación que derivó de ese despojo imperial insiste en ejercer derechos en la zona rica en recursos minerales, hídricos y petroleros.

En el 2016, la cancillería venezolana emitió un comunicado para reiterar su derecho sobre la Guyana Esequiba y recordar el proceso jurídico viciado que calificó de “piratería diplomática”, perpetrado -a su parecer- “para justificar el chantaje, la usurpación y el saqueo de las nuevas naciones independientes”.

Las brasas del conflicto territorial han crepitado con mayor intensidad en las últimas semanas luego que el presidente de Guyana, David Granger, presionara al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, a anunciar los nuevos pasos para resolver el diferendo.

La retórica de Granger, quien aseguró el mes pasado que “las reivindicaciones de Venezuela son una amenaza”, no ha sido bien recibida por Caracas. El comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores califica de “absurdas e irracionales” las acciones emprendidas por Guyana y considera que se han desplegado “con el propósito de generar una situación de agresión”. Pero, ¿cómo empezó el conflicto?

El mito de El Dorado

De acuerdo a una investigación de la revista Memorias, del Centro Nacional de Historia (CNH), el mito de El Dorado atrajo a los colonizadores hasta América Latina. Si bien los españoles llevaron la delantera, el imperio inglés también fue llamado por la promesa de ingentes cantidades de oro esparcidas por las riberas del río Orinoco.

Los anglosajones se asentaron en la costa este del río Esequibo y, desde allí, sus pequeñas colonias agrícolas empezaron a apropiarse del territorio que le correspondía a los holandeses. ¿El resultado? La creación de la Guayana Británica en 1824. El problema con Venezuela empezó después.

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Un naturalista llamado Robert H. SchomburŽk incursionó en el territorio y empezó a fijar nuevos linderos, irrespetando los establecidos hasta 1835, que certificaban al río Esequibo como hito limítrofe para Venezuela. Poco a poco, sus expediciones patrocinadas por la Royal Geographic Society, pretendieron ampliar cartográficamente la colonia inglesa con la anexión ilegal de más de 203.000 kilómetros.

Esas acciones, protestadas en varias ocasiones por Venezuela, llevaron al país suramericano a romper relaciones en 1887 con Gran Bretaña y, dos años más tarde, condujeron al fraude del laudo arbitral.

Laudo amañado

Una famosa caricatura inglesa, titulada “paz y abundancia”, muestra al ministro británico Lord Salisbury saliendo del laudo arbitral de París con las manos llenas: las líneas limítrofes dibujadas por Schomburgk, las minas, los bosques y las 60.000 millas cuadradas arrebatas a Venezuela en 1889.

Gran Bretaña se salió con la suya por varias razones: la primera, porque sacó a Venezuela de la negociación; la segunda, porque pactó directamente con EE.UU., que para la época ya afilaba su doctrina Monroe de “América para los americanos”; y la tercera, porque contó con un juez afecto a los intereses de la corona inglesa.

Según las crónicas de la época, reseñadas en un ensayo de la Fundación Rómulo Gallegos, los ingleses no querían entenderse directamente con Venezuela porque consideraban que sus representantes eran “indios bananeros con olor a trópico” y “hombres de color semi bárbaros”. Por eso decidieron hablar de tú-a-tú con EE.UU., que terminó “representando” los intereses del país suramericano.

Así fue como los juristas norteamericanos Melville Weston Fuller y Davis Josianh Brewer negociaron “en nombre de Venezuela” con los representantes ingleses Charles Baron Rusell y Sir Richard Hens-Collins, en un laudo que tuvo como árbitro al ruso Fiódor Martens, quien no solo representaba los intereses de la colonia británica sino que convenció -por coacción- a la parte estadounidense a aceptar los linderos propuestos por SchomburŽk, refiere un documento de la época.

El resultado de ese laudo amañado fue denunciado por Venezuela, pero sólo fue hasta 1949 cuando un abogado norteamericano llamado Severo Mallet-Prevost, quien fungió como consejero del país latinoamericano en la negociación, reveló el fraude “producto de un reparto imperial sin basamento jurídico”, destaca AVN.

Buen oficiante

Este martes, el gobierno venezolano insistió en la necesidad de reactivar las labores del buen oficiante para dirimir el diferendo territorial, “de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966”.

Ese pacto es el que rige, a la fecha, las conversaciones sobre el Esequibo con miras a solventar el conflicto de manera amistosa. En 2010, el secretario general de la ONU responsabilizó a Norman Girvan como buen oficiante, pero el funcionario jamaiquino falleció hace dos años. Desde entonces, nadie lo ha sucedido en el cargo.

Después de las declaraciones de Granger, quien a finales de septiembre acusó a Venezuela de “obstaculizar” la solución del diferendo, el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de la ONU en Cartagena de Indias (Colombia) para reiterar el deseo de Caracas de canalizar la controversia por la vía del diálogo y bajar los decibeles a la diplomacia de micrófonos.

La cuestión Exxon

Aunque la cuestión del Esequibo tiene más de un siglo, hay un elemento que renueva las tensiones con Guyana: la explotación de recursos en ese territorio por parte de la petrolera norteamericana Exxon Mobil.

El año pasado, la petrolera encontró un yacimiento en las costas de Guayana, específicamente en el bloque Stabroek, y entabló conversaciones con Granger para explotar la zona anunciando una inversión inicial de 200 millones de dólares. Venezuela exigió la paralización de las labores de exploración por vulnerar los acuerdos vigentes sobre el diferendo territorial.

Granger, sin embargo, insiste en hacer uso de esos recursos y por eso ha amenazado con activar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La reacción de Caracas ante la maniobra diplomática ha sido exigir el apego al acuerdo de Ginebra y denunciar a Georgtown por asumir, a su juicio, “una actitud arbitraria, ilegal y unilateral (…) e intentar escabullirse de los buenos oficios”.

Ambas partes han lanzado sus cartas en las últimas semanas, pero la decisión sobre el próximo paso sobre e diferendo, por ahora, está en manos del secretario general de Naciones Unidas.

K.Camacho.

Con información de EFE/ AFP/ Nazareth Balbás. RT

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