Política

Sala Constitucional declara inadmisible el recurso de nulidad en contra de los magistrados del TSJ

14 de junio 2017.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó un comunicado a través de su cuenta en la red social twitter indicando que fue “declarada inadmisible el recurso de nulidad de la Fiscal General de la República (Luisa Ortega Díaz) contra el acto de designación de Magistrados del TSJ”, en dicho recurso se impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional.

A través de la sentencia N° 454 de la Sala Constitucional, de fecha 12/06/2017, se dio a conocer que el recurso no procedía debido a que el TSJ ya se había pronunciado con anterioridad en sentencia N° 614 del 19/07/2016 sobre la designación y juramentación de los magistrados (en lenguaje jurídico, este hecho se conoce como cosa juzgada).

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República, contra el Acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015 (…) recurso que fue declarado inadmisible por haber operado la cosa juzgada”, señala el comunicado.

También se indicó que la copia certificada de la sentencia N° 614 fue entregada a la Fiscal General de la República el 04/06/2016.

Ortega Díaz impugnó el pasado lunes 12/06/2017 el nombramiento de los magistrados del TSJ y solicitó la nulidad de los actos del Parlamento venezolano en el cual seleccionaron a dichos magistrados en el año 2015.

“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho. No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, expresó la Fiscal.

 

SENTENCIA N° 614

La sentencia de la Sala Constitucional N° 614 señala que “CUALQUIER COMISIÓN U OTRO ARTIFICIO O ACCIÓN QUE TENGA EL OBJETO DE ANULAR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS, SUBVIERTE EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA LA REMOCIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y, POR LO TANTO, ES ÍRRITO Y NULO DE TODA NULIDAD y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda”.

Con esta decisión, el máximo intérprete Constitucional ratificó la validez de la sesión de la Asamblea Nacional en la cual se designan los magistrados.

En la sentencia también se indica que según el artículo 265 de nuestra Carta Magna, el Parlamento sólo podrá remover magistrados “mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”.

 

SENTENCIA N° 454

A continuación colocamos la decisión de la Sala Constitucional del TSJ:

1.- Se declara COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de la República, contra el Acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.816 de la misma fecha.

2.- Se declara INADMISIBLE, la acción de nulidad propuesta por haber operado la cosa juzgada.

3.- ORDENA nuevamente a la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de la República, para que en ejercicio de sus competencias constitucionales dé respuesta a lo requerido en el dispositivo número 9 de la sentencia n° 614 del 19 de julio de 2016, en el plazo de un (1) día hábil contado a partir de su notificación.

4.- IMPROCEDENTE el alegato de incompetencia subjetiva de los Magistrados y Magistradas señalados en el libelo y se declara MANIFIESTAMENTE CONTRARIO A LA VERDAD PROCESAL lo gravemente afirmado por la Fiscal General de la República respecto a los mismos, cuando entre sus funciones constitucionales está la de garantizar la buena marcha de la administración de justicia, el debido proceso y la ética pública.

5.-Se ORDENA remitir copia certificada del presente fallo a la Sala Plena de este Alto Tribunal y al Consejo Moral Republicano, para que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general.

 

Daniel Ruiz

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