Política

Comisionado de ONU para los Derechos Humanos y CIDH exigen a Venezuela respetar derecho a la protesta

12 de abril 2017.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió hoy al Gobierno de Venezuela que respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión de sus ciudadanos e hizo un llamamiento “a todas las partes” a renunciar a la violencia.

“Estamos preocupados por los informes sobre (actos de) violencia durante las protestas. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que se asegure que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión”, dijo Elizabeth Throssell, portavoz del alto comisionado, en un comunicado.

La portavoz también se refirió a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante 15 años del líder opositor Henrique Capriles y recuerda que éste ha sido “democráticamente elegido” y ha sido dirigente durante más de dos décadas.

La oposición venezolana se ha manifestado en los últimos días en Caracas para respaldar al Parlamento, de mayoría antichavista, en su demanda de elecciones y en la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo.

Pero estas manifestaciones se han saldado con choques con la Policía, que en los últimos días ha impedido su paso al centro de la capital y han repelido a los manifestantes con gas lacrimógeno y otros medios de represión.

Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento “a las fuerzas de seguridad para que operen en concordancia con los estándares internacionales sobre derechos humanos” en sus acciones para “gestionar” las manifestaciones.

Asimismo, Throssell pidió a los manifestantes que “usen medios pacíficos para hacer oír sus voces”, y pidió a todos los implicados que renuncien a la violencia.

En este contexto, la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió “una investigación independiente” sobre la muerte del joven Jairo Ortiz, de 19 años, fallecido la semana pasada en el municipio Carrizal, ubicado en el estado de Miranda, a las afueras de Caracas.

Al principio se informó que el joven había muerto en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en dicha localidad, pero el Gobierno negó ese extremo y afirmó que el joven había sido abatido por un policía de tránsito cuyas funciones no se corresponden con tareas de orden público.

CIDH insta al Gobierno venezolano a RESPETAR derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Venezuela y su Gobierno a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica “de quienes protestan en el país”.

En un comunicado, la instancia mostró preocupación ante los hechos de violencia registrados en el país desde el pasado 30 de marzo y hasta el 8 de abril de 2017. “De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales.”

También la notificación denuncia discriminación en torno a las movilizaciones hechas en el país y las actuaciones de los cuerpos de seguridad, puesto que: “La actuación policial y militar desató enfrentamientos entre agentes de seguridad y grupos de manifestantes (…) La conducta estatal también habría sido discriminatoria, en tanto que partidarios del gobierno habrían podido movilizarse sin obstáculos policiales para participar en manifestaciones en apoyo al gobierno”.

“Los días 6 y 8 de abril las protestas que se dirigían a la Defensoría del Pueblo en Caracas fueron nuevamente bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por parte de los funcionarios de seguridad. El gobierno habría ordenado el cierre de 17 estaciones del metro de la ciudad” afirma la CIDH.

La Comisión insiste en que el Estado venezolano está en el deber de garantizar los derechos a la protesta y la libertad de expresión, puesto que son las garantías de una sociedad democrática, libre y plural. “De especial preocupación resulta la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones. También se registró la detención por parte de autoridades policiales de un camarógrafo a quien se le prohibió cubrir la marcha del 6 de abril. Los ataques contra periodistas que cubren situaciones de esta naturaleza violan la libertad de expresión pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento. También se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen”.

Los órganos del sistema interamericano han enfatizado que en este tipo de situaciones, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia. La Corte Interamericana ha afirmado que “las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible” y que la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia”.

La comisión instó a las autoridades “a reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política”, al tiempo que estableció que el Estado venezolano también debe “facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones”, así como “cooperar” con los organizadores para que desempeñen su función, “sin discriminación por razones de opinión política”.

La CIDH es partidaria, asimismo, de “excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas”. Igualmente hace un llamamiento para que se garantice que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.

Para esta instancia “La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos”.

Este comunicado finaliza destacando que “La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia”.

Ruddy Camino.

Con Información de EFE

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