Política

TSJ: AN carece de legalidad para remover a magistrados

05 de abril 2017.

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Maikel Moreno, informó a través de un mensaje en la red social twitter que la Asamblea Nacional (AN) “carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados” del máximo ente judicial.

Moreno señaló que a pesar de que el procedimiento de remoción está contemplado en nuestra Carta Magna (art. 265), solo puede tener efecto con la intervención del Poder Ciudadano (fiscal general Luisa Ortega Díaz, defensor Tarek William Saab y contralor Manuel Galindo).

El “procedimiento para remover (a los) Magistrados se inicia con (la) intervención del Poder Ciudadano”, expresó el Presidente del TSJ.

El Magistrado indicó que para que el procedimiento de destitución se lleve a cabo, es necesaria la existencia de un voto favorable con mayoría calificada de las dos terceras partes de los Parlamentarios.

El artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reza lo siguiente:

Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.(el subrayado es nuestro).

“No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano”, indicó el Moreno.

El Magistrado puntualizó que el artículo 265 de la CRBV faculta al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del TSJ. “Esa norma es legible, concisa y no da lugar a interpretaciones”.

El presidente del TSJ destacó que uno de los requisitos establecidos en la Carta Magna para la destitución de un magistrado del TSJ es que “exista un voto favorable con mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento. Por obvias razones carecen de este quórum lo que impide que cuenten con el primero de los requisitos”

Cabe destacar que para determinar la cantidad de diputados que componen la mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento existe un debate, dado que luego de la de la desincorporación de tres diputados opositores representantes de Amazonas, la oposición queda con 109 diputados activos y el chavismo con 54, lo cual suma 163 de los 167 curules.

El diputado a la AN por el PSUV; Héctor Rodríguez afirmó en fecha 11/01/2017 que la MUD queda con “mayoría simple” porque “la mayoría calificada es sobre los diputados electos. Es lo que dice la Ley”. El parlamentario Pedro Carreño también aseguró que “el que quiera sacar sus cuentas que las saque, pero la Asamblea Nacional tiene 167 diputados”.

Por su parte, el también abogado y constitucionalista José Ignacio Hernández discreta de este criterio, “Si la idea es cumplir la sentencia del TSJ –que, por cierto, es inconstitucional– los cargos también deberían ser suspendidos y la AN debería pasar a ser integrada por 163 diputados”, dijo a BBC Mundo.

También señaló que la AN debe someterse a lo establecido en la CRBV para solventar la situación de desacato, para que con ello sus actos retornen a la legalidad.

SENTENCIAS 155 Y 156 DEL TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la red social twitter aclaratorias de las sentencia de la Sala Constitucional número 155 y 156, esto tuvo lugar luego de la polémica que surgió el pasado jueves ante la denuncia de la Fiscal General de la República; Luisa Ortega Díaz, en la cual señalo que dichas sentencias significaban una “ruptura del orden constitucional”.

Con relación a la inmunidad parlamentaria, “se suprime dicho contenido y la cautelar 5.1.1 de dicho fallo” en la sentencia 157; también se suprimió el punto 4.4 de la sentencia 156 referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.

La Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado de fecha 01 de abril de 2017 en el cual el Presidente del TSJ indicó que “las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad Parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional”.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO DEL TSJ

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El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, en su condición de máxima intérprete de la Constitución es garante de la constitucionalidad y la legalidad en el país y rechaza cualquier pretensión que atente contra la estabilidad institucional de la República y violente el debido proceso, al cual deben estar sometidos todos los actos que rigen al Poder Público.

Desde este alto Tribunal rechazamos las acciones de un sector de la Asamblea Nacional que pretende erosionar la estabilidad política, democrática y el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Este sector que se mantiene en desacato, persiste en desconocer, lo establecido en el artículo 265 de nuestra Constitución que expresamente demanda la concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano.

El cuerpo de servidores públicos de este Poder Judicial continuará dando respuestas a las necesidades de nuestro país en cumplimiento de la legalidad y de la interpretación prudente y estricta de nuestra Carta Magna, para de esta forma preservar la tranquilidad y la paz en nuestro pueblo.

Rechazamos categóricamente cualquier acto que pretenda deslegitimar la actuación de los Magistrados y Magistradas de la Sala Constitucional, quienes han actuado en cumplimiento de los mandatos constitucionales en resguardo del orden democrático y la paz social.

Exhortamos al cuerpo legislativo nacional a cumplir con la Constitución y las leyes para preservar el estado de derecho en resguardo de la independencia y autonomía de los Poderes Públicos.

Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco e invitamos al diálogo como único camino para preservar la paz, siempre dentro del marco de la soberanía nacional.

TSJ.

Daniel Ruiz.

 

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