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En Colombia se disparan los cultivos de coca (IV parte)

29 de marzo 2017.

En las tres entregas anteriores publicamos las primeras partes del reportaje EN COLOMBIA SE DISPARAN LOS CULTIVOS DE COCA donde se expone como se ha incrementado, en 180.000 hectáreas, los cultivos ilegales de la materia prima para la elaboración de la Cocaina.

Este alarmante aumento en los cultivos ilegales se produce a pesar de la presencia en territorio colombiano de la CIA, DEA y Bases militares de EEUU.

Puedes ver los tres primeras partes de este reportaje haciendo click en las imagenes:

En Colombia se disparan los cultivos de coca (Parte I)

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En Colombia se disparan los cultivos de coca (Parte II)

En Colombia se disparan los cultivos de coca (Parte III)

A la sombra de esos programas estatales surgieron cultivos de cacao, yuca y con mejor resultado la palma de aceite, “pero en el caso del cacao nos quebró la intermediación, el precio no era estable y muchas veces los campesinos se quedaban con sus cosechas porque no tenían vías para sacar el producto”, explicó Ubaldo Obando, presidente de la JAC de la vereda San José.

Briceño, el corazón del posconflicto

Al otro lado del país está a prueba el proyecto de erradicación concertada. Los equipos negociadores del gobierno y las Farc decidieron que Pueblo Nuevo, corregimiento de Briceño, en el norte de Antioquia, era un buen ejemplo del abandono estatal histórico, de la presencia de la guerrilla y de campesinos que, a falta de buena infraestructura, se dedicaron a cultivar hoja de coca. Por esto, pensaron que sería una buena zona para implementar el Plan Voluntario de Sustitución de Cultivos.

Desde noviembre la delegación de las Farc en la zona, conformada por seis exguerrilleros del frente 36, con influencia en Pueblo Nuevo, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y miembros de la comunidad están trabajando en seis mesas temáticas para definir el mejor camino para sustituir cultivos. Las mesas abarcan temas de divulgación y sensibilización comunitaria; infraestructura;  tierra, agua y medio ambiente; desarrollo social; desarrollo productivo; seguridad, y una anexa de mujeres.

En palabras de Julián Subverso, de 31 años, zootecnista, casi filósofo, que pertenecía al frente 57 y pasó un año por las comisiones de paz instaladas en La Habana, “este esfuerzo conjunto tiene como protagonista a las comunidades y pretende cambiar el enfoque a lo que siempre ha sido la política la lucha contra las drogas, una política encubierta de ataque a la subversión y a los movimientos sociales, una política punitiva. Se quiere hacer sustitución voluntaria. No llegar con el Ejército y arrancarle las matas al campesino, hay que mirar al campesino como víctima. Como una persona que necesita alternativas de vida. Ese es el enfoque en el que está basado este acuerdo de paz, de sustitución voluntaria”.

En la vereda Pueblo Nuevo, Briceño, Antioquia, funciona el plan piloto de erradicación conjunta entre el gobierno y las Farc. En la foto miembros de ese grupo que lideran el proceso.

Y al hablar con los lugareños, es evidente que todos quieren cambiar sus cultivos ilícitos pero piden garantías, como verdaderos proyectos productivos, seguridad alimentaria e infraestructura, justo lo que nunca han tenido. Así lo dice Ocaris de Jesús Echavarría, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo: “La gente quiere cambiar de cultivos, además porque eso ya no está dando mucho resultado porque las tierras se van acabando de tanto veneno y químico, los cocales se van secando. No queremos más violencia y eso genera solo violencia. Hemos tomado la decisión de tener más tranquilidad y estar más tranquilos en cuestiones de conflictos”.

En las últimas semanas los avances han sido significativos. En las asambleas comunitarias de las veredas La América, El Pescado, El Roblal, Gurimán y Palmichal, la totalidad de las familias se preinscribieron al programa nacional de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Según el cronograma, las preinscripciones terminan el 18 de marzo para las 11 veredas que comenzaron con el esfuerzo conjunto, y se espera que se preinscriban alrededor de 800 familias.

Sin embargo, el esfuerzo no será solo para la zona microfocalizada. Se espera que empiecen pronto las preinscripciones para las otras 24 veredas, para que en abril se firme el acuerdo colectivo oficial, encabezado por el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; los delegados de la comunidad y las Farc. En ese momento se iniciarán el proceso de sustitución e implementación de los proyectos productivos, la asistencia alimentaria, las obras de pequeña infraestructura comunitaria, mientras se avanza en la formulación y puesta en marcha del plan integral municipal y comunitario de sustitución y desarrollo alternativo desde las mesas temáticas.

El abogado y Ex ViceDefensa Rafael Guarín en un artículo de opinión publicado en Semana, hace referencia a lo que califica como “fracaso de la lucha contra las drogas”.

El desborde de la coca se presenta como la prueba reina del fracaso de la lucha contra las drogas y de la necesidad de una nueva política. ¡Carreta! La realidad es que los cultivos crecen porque el Gobierno no está haciendo nada para impedirlo y sí mucho para fomentarlo. Hace más de cuatro años advertimos el desmantelamiento de la política contra los cultivos ilícitos, precisamente cuando las FARC exigían que cesaran la aspersión aérea y la erradicación forzosa

El Gobierno comenzó por acabar los Grupos Móviles de Erradicación (GME); luego eliminó la ambiciosa Política de Consolidación Territorial, que comprendía componentes de desarrollo económico y social para las regiones; al igual que debilitó la sustitución de cultivos y los programas de desarrollo alternativo.

El desmonte de la erradicación manual no admite discusión, lo que además demuestra que para Santos / Timochenko el problema no era el glifosato, sino detener la eliminación de las matas de coca. Retomo datos de un documento que elaboré en el 2015 en la Procuraduría: Al comparar los períodos comprendidos del 2006 al 2009 y del 2010 al 2013, no hay forma de tapar la maniobra. En el primero, bajo la política de seguridad democrática y en condiciones de violencia mucho más complejas, el Gobierno logró erradicar manualmente en promedio 66.604 hectáreas, mientras que del 2010 al 2013 se redujo a 32.900 hectáreas, cerca del 50 %. Comparados ambos cuatrienios se dejaron de erradicar 132.814.

Posteriormente, con base en mentiras, argumentos sin base científica y manipulando convenientemente un auto de la Corte Constitucional, el Gobierno acabó la aspersión aérea, con la ayuda del fiscal Montealegre. Para cuando el Consejo de Estupefacientes (mayo del 2015) tomó esa decisión, con el único voto en contra del entonces procurador Ordóñez, la aspersión ya había disminuido al punto de haber estado paralizada varios meses.

Según los informes del Ministerio de Defensa, en el 2012 fueron asperjadas 100.678 hectáreas y en el 2014 sólo 55.532. Del 2006 al 2009 se asperjaron 563.422 hectáreas. Entre el 2010 y el 2013 se afectaron 352.972. Comparados, se omitió la aspersión de 210.450 hectáreas. En promedio 52.612 hectáreas por año menos, durante cuatro años.

Sumando lo que no se hizo en aspersión y erradicación, durante el primer gobierno de Santos 343.264 hectáreas, en promedio 85.816 al año, no fueron afectadas.

En todo el 2015 se erradicaron 13.473 hectáreas de las 159.000 detectadas por la CND – Departamento de Estado, y quedaron intactas cerca de 146.000. En el 2016 sólo se erradicaron 17.642 de las 188.000 detectadas, es decir, aproximadamente 171.000 no se tocaron. ¡Para que ahora salgan a decir que lo que fracasó es el combate a los cultivos! ¿Cuál combate? ¿Por qué antes se pudo y con Santos no? Si se hubiera mantenido la lucha contra los cultivos ilícitos y complementado con recursos que intervinieran económica y socialmente los territorios, hoy el país estaría cerca de terminarlos definitivamente.

La cosa es más delicada que el aumento de hectáreas. Para el 2015, según el informe del CND, la producción potencial de cocaína pura aumentó en 67 % al pasar de 250 toneladas métricas en el 2014 a 420. La producción aumentó a un porcentaje superior que el crecimiento de las hectáreas de coca, que fue del 42 %. Y los norteamericanos advirtieron al Gobierno que las plantaciones nuevas serían más productivas en el 2016. Con certeza el informe integral correspondiente a ese año es mucho más grave en diversos aspectos que la escandalosa cifra de 188.000 hectáreas cultivadas, sin citar otras miles no detectadas por condiciones meteorológicas. Fácilmente, dicen fuentes expertas en Washington, pueden ser 220.000.

Pregunta: ¿Sin erradicación manual, sin aspersión, sin programas serios de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo, cómo no se iban a disparar las hectáreas de coca? No es un fracaso de la política, es su desmantelamiento.

La gran “audacia” de la política de Santos se basa en que los cultivos ilícitos pasaron de ser el problema contra el que se debía luchar, a convertir esa lucha en el problema.

¡Equivocado seguir pensando que este es un asunto monopolio de drogadictos gringos! El aumento del consumo interno tiene que ver con el crecimiento de la producción y paradójicamente del mismo éxito de la interdicción aérea y marítima. Muy grave que la ONU señale que en Colombia los niños de secundaria consumen más cocaína que los niños en Estados Unidos. Las plazas, parques, escuelas y universidades son dispensarios de cocaína.

Pero más grave aún es que la paz así es inviable. Como lo reconoce el ministro de Posconflicto, Rafael Pardo, “mientras existan esas áreas de cultivos la paz no va a ser sostenible”. Lo que no menciona es que la fórmula pactada con las FARC en el Acuerdo de La Habana agrava las cosas, no las va a solucionar. Es muy sencillo, el Estado no tiene la capacidad financiera, tampoco institucional, ni operativa, para implementar los acuerdos en materia de reforma rural integral y lucha contra las drogas en los territorios. No hay plata, no hay liderazgo y no hay voluntad política en un período de transición electoral. Por lo pronto, la coca seguirá creciendo, la violencia se mantendrá, las FARC tendrán una excusa para promover la agitación social y reclamar el cumplimiento del Acuerdo y este gobierno, como el próximo, si se mantienen amarrados a la “erradicación voluntaria” sujeta a pactos con las comunidades, va a poner al país a naufragar en coca.

Semana

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