Política

TSJ aclara límites de la inmunidad parlamentaria y anula acuerdo de la AN solicitando aplicación de la Carta Democrática a Venezuela

28 de marzo 2017.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló este martes que la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional “solo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, el máximo tribunal de la nación afirmó que la inmunidad parlamentaria “no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional”.

El TSJ explicó que la figura de la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ningún caso ampara “frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes”.

De igual forma la sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, denominado: “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA”.

Al respecto la Sala Constitucional ordenó al Presidente de la República evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República Bolivariana de Venezuela, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas.

Comunicado del TSJ

Inicia el proceso de control de la constitucionalidad frente a las acciones que atentan contra la independencia y la soberanía nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, denominado: “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA”.

La decisión ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,  ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional, así como también tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y, en el marco del Estado de Excepción vigente; y ante el desacato y omisión de la Asamblea Nacional, igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país.

La Sala Constitucional del TSJ, como máxima intérprete de la Carta Magna, también ordena al Primer Mandatario Nacional que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han apoyado la posición de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sala refirió que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes.

Puedes ver la sentencia del TSJ dándole click a la imagen

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Andrés Pérez.

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